Cuando hablamos de políticas públicas para las Personas Mayores, y pensamos en un historial respecto a cómo el poder legislativo ha pactado año a año intereses que beneficien a la calidad de vida de las mismas, nos comenzamos a quedar cortos.

Hay una diferencia respecto a los presupuestos que se derivan a diferentes programas de intervención psico social y de salud para Personas Mayores, pero cuando se trata de aprobar leyes, quedamos un poco en deuda. La última gran gestión del estado, la PGU, que se enfoca en suplir un poco las precarias condiciones de las pensiones en Chile, ha funcionado como un salvavidas que busca revocar el gran error de la AFP respecto a los ahorros de los chilenos.

Pero junto con ello, este año hubo un recorte considerable respecto al financiamiento de SENAMA y con ello se verán afectados varios programas en su subvención. Aun así, y a sabiendas de que existen muchas carencias públicas respecto a varias aristas de las Personas Mayores, hoy nos centraremos en la salud mental.

La salud mental en Chile siempre ha sido un tema desde que se llevó a la palestra, y a pesar de que no se habla mucho respecto al servicio mismo que requieren las demografías mayores del país, es un hecho de que cada año, aumenta más la demanda y la necesidad de cubrir estas áreas.

Los altos índices de suicidio en Personas Mayores, que sobrepasa el 30% sobre los 80 años, los trastornos del ánimo que afectan a quienes comienzan una nueva etapa del ciclo vital, los trastornos de personalidad relacionados a duelos, nidos vacíos o separaciones, e incluso, el asumir enfermedades, han generado una demanda que poco se ha contabilizado, pero que, en lo cualitativo, se presenta mucho en las áreas que atienden a este rango de la ancianidad.

Respecto a la salud pública, los CESFAM cuentan con horas cada vez más limitadas para la atención en salud mental, que, en los rangos recomendados para la efectividad terapéutica, dejan mucho que desear. Existe una poca regularidad en cuanto a la continuidad, no se hace semana a semana, no logra completarse la hora, se aplican evaluaciones que están oxidadas y no se actualiza la gama de pruebas que puedan colaborar en hacer una intervención más efectiva y una correcta identificación patológica.

Además de ello, los trabajos más sistemáticos, que incluyen el uso de la psiquiatría para potenciar la intervención con medicación, carecen de supervisión a la hora de hacer una receta que vaya ad hoc a la ficha clínica del paciente. Toda medicación debe ser hecha bajo una supervisión médica que cuente con los exámenes necesarios, pero en Chile, en muchos rangos de edad, no se hace el procedimiento, sino que se medica según las anamnesis del terapeuta.

Sin ser eso suficiente, el estado ha hecho entre ver, de a poco, un interés por crear una central de cuidadores, puesto que las personas mayores que cuentan con uno, deben ser intervenidas en conjunto con sus responsables. El síndrome del cuidador, el burnout y la afectación económica son temas que el estado debe tratar, más en consideración de que la población mayor en Chile va creciendo.

La afección económica es un tema relevante dentro del cuidado de la salud mental. En consideración de la poca intervención estatal respecto a la psicología de su población, se genera en la crisis, la necesidad de recurrir al servicio particular o privado. Una consulta promedio cuesta alrededor de 25.000 pesos, sin considerar intervenciones como evaluaciones o informes.

El costo de vida en Chile es carísimo, la inflación se encuentra en un control tenso y eventualmente esto puede variar o ir subiendo de a poco. Para ser un país con poca educación psicológica, es común que la población promedio no priorice la salud mental y prefiera destinar el dinero a otra necesidad más inmediata. Acá es cuando debemos considerar a quienes, si pagan su tratamiento, que eventualmente, se encuentran suprimiendo otro gasto en su vida que puede tener una influencia positiva respecto al ocio, por ejemplo, o también a un gasto más reducido y limitado de un servicio básico o fundamental.

Hay una desconsideración de las aristas privadas y particulares de la salud respecto a los gastos que conllevan para las Personas Mayores recurrir a los servicios en los que el estado se ausenta o queda al debe. Esta desconsideración, permitida incluso por la constitución, al dar espacios de libre competencia frente a derechos civiles fundamentales como la salud, se transforma de a poco en un aprovechamiento disfrazado de facilidades de pago.

El estado permite y carece de capacidad suficiente para poder entregar a cuidadores y Personas Mayores, un servicio que unifique la idea de potenciar la calidad de vida para quienes pasan y son acompañantes de una etapa tan relevante en el ciclo vital.

Algunas políticas que podrían implementarse serían: una asociación nacional de cuidadores que pueda recibir subvenciones y apoyos del estado para los cuidados de Personas Mayores, más aún cuando se encuentran postrados. Un servicio de psicología estatal para Personas Mayores que se dediquen a poder hacer intervenciones en lugares físicos dentro de los recintos municipales o de salud, así como también para visitar a domicilio. Hacer un catastro estadístico de personas que requieren atención psicológica, esto podría incluso ser una estructura útil para hacer convalidaciones con FONASA para derivación y con ello, poder combatir por un lado la demanda, y por otro lado, las tazas de desempleo en la profesión.

La difusión de programas que cuentan con psicólogos también es poca, esta debería ser potenciada. Muchas personas mayores que llegan por demanda espontánea o derivación a programas de SENAMA o municipales, comentan que desconocían del servicio a pesar de llevar bastante tiempo funcionando. Esta ignorancia está fomentada por la baja publicidad y difusión de los beneficios del programa.

Los municipios son un tema aparte. Toda municipalidad debería tener una Unidad de Personas Mayores como departamento, separado de las direcciones a las que se presentar los requerimientos de los mismos, como DIDECO o Social. Esto permitiría tener un presupuesto específico que podría colaborar en la ejecución de actividad y programas que potencien la accesibilidad a la salud mental y la intervención multidisciplinaria de los mismos.

Haciendo una raya para la suma, el estado siempre está carente de dar soporte a las necesidades de las Personas Mayores; buscan siempre potenciar la facilidad para algunas cosas, como el transporte, el agendamiento de horas médicas, la implementación de locales populares para la reducción de costo, y los servicios municipales como tales, pero lo cierto es que esto es un pequeño paso para un camino largo a recorrer.

Estamos frente a una revolución demográfica que no se detendrá en mucho tiempo, y por ahora, las necesidades psicológicas frente a una sociedad rápida, de avance desmedido respecto a la tecnologización, a la implementación de la era digital, a la extensión de la expectativa de vida y a la inflación que constantemente sube, sin considerar los factores ambientales naturales, nos va a pillar muy mal parados respecto a políticas públicas que consideren de verdad el bienestar respecto a la calidad de vida.

Lo más delicado, es que no existe realmente un interés político de ninguna coalición para subsanar una población mal mirada frente al utilitarismo imperante del capitalismo, a pesar de que son el rango de la población con más estadística de conductas cívicas positivas, como votar. El estado y la política pública es mentirosa en muchos aspectos, buscan a las personas mayores para sus votos, pero jamás para preguntarles cuáles son sus verdaderas necesidades.